“ECKELL, Gustavo Rafael -ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO POR LA CONDICION DE GUARDADOR EN CONCURSO REAL CON CORRUPCION DE MENORES S/ RECURSO DE CASACION” – Legajo: Nº 541/16. Origen: Paraná

ABUSO SEXUAL. PRESCRIPCIÓN. 

25/10/2017

Cámara de Casación Penal – Paraná

C/D
Dres. BADANO, PEROTTI y DAVITE

Observo que parte del desfase tiene que ver con que no se acierta a poner un denominador común sobre lo que se está discurriendo, sobre la normativa vigente y el funcionamiento de los precedentes, además de olvidarse los roles y los momentos procesales, como v.gr., cuando se afirma en la sentencia que no se tienen dudas sobre la ocurrencia de los eventos, sobre la materialidad y autoría de Eckell en los hechos (sin haber realizado el juicio), o se pide disculpas a la denunciante en la audiencia, o se enuncian como cumplidos determinados derechos, como la tutela judicial efectiva, sin explicar el concepto en general, y en qué coincide el caso en particular con los antecedentes citados.
la evolución de la intervención de la CSJN, ocurre en un contexto en el cual hay un creciente abandono del “Estado Legislativo”, en el que bastaba la referencia a la autoridad, para pasar al “Estado Constitucional”, en el que hay un incremento de la tarea justificativa de los órganos públicos. El replegarse del “Estado Legislativo” a favor del “Estado Constitucional” coincide con una fase histórica en la cual adquirieron particular relevancia los derechos humanos. La reforma constitucional de 1994, al asignarle jerarquía constitucional (75. Inc. 22) a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros Tratados y Declaraciones, asume que los jueces argentinos no sólo deben dar una interpretación coherente y consistente al derecho nacional, sino que incorporan a las lecturas posibles del material jurídico, aquella generada por la Comisión y la Corte Interamericanas. Debido a que Argentina reconoció la competencia de la CIDH se ha generado una relación vertical con la CSJN en cuanto al seguimiento de la jurisprudencia, con el desafío de integrar visiones comunes sobre el alcance de derechos con respecto a los cuales la primera era su máximo intérprete.-

De allí la necesidad de tener en especial consideración todas las normas internacionales, que asumiendo esta particular situación de vulnerabilidad de las mujeres y de los NNyA, reconocen para todas las personas la misma dignidad, habilitando que las mujeres y las niñas se piensen con derechos y no como ciudadanas de inferior categoría.
Estas disposiciones irrumpen en un modelo cultural que, bajo la hegemonía de una mirada masculina, atravesaba el terreno de lo íntimo -donde discurren los valores fundamentales y los aspectos esenciales de la vida privada- estableciendo, desde esa sola visión de la realidad, lo moralmente aceptable o reprochable, cercenando de esta manera las opciones de la mujer ubicándolas en un lugar de sometimiento.
Además, con el objetivo de visibilizar situaciones claramente vulneradoras de sus derechos, incluyen en las políticas públicas situaciones problemáticas propias de las mujeres que, con anterioridad a su dictado, se consideraban privadas. Sin duda todo esto modifica el corazón del derecho poniendo en cuestión institutos -como el de la prescripción- cuyo basamento ideológico no había sido cuestionado hasta ese momento.

A la luz de estas consideraciones es fácil afirmar que toda niña abusada intrafamiliarmente, sin el auxilio de una persona adulta, no tiene ninguna oportunidad real de acceso efectivo a la justicia. Por ello, ese derecho debe permanecer intacto, hasta que una vez que alcance la mayoría de edad y las condiciones subjetivas se lo permitan, pueda ejercer las acciones legales por sí misma -para todo, ver voto de la Dra. Davite en el precitado fallo “Ríos”-.

Si entendemos que hay un principio de preservación del “Interés Superior del niño”, consagrado internacionalmente, que debe tener prioridad sobre otras normas que lo contradigan, entonces la prescripción de la acción penal de un delito de abuso cometido contra niños, niñas y adolescentes, no le será oponible.

Estando vigente la Convención sobre los Derechos del Niño -adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, EEUU, el 20 de noviembre de 1989-, cuya manda es atender al Interés Superior del Niño, y debiendo el Estado Argentino garantizar a los niños el acceso a la justicia, la aplicación de dicho principio que “derrota” a la regla de la prescripción del art. 67 CP supone una ponderación en la que se elige la norma a aplicar, o el principio prevalente.

Aceptando como ciertas todas esas afirmaciones, mi disidencia consiste en que todos esos principios NO anulan ni dejan de lado aquéllas otras garantías que también se encuentran consagradas en las Convenciones Internacionales, a las que enseguida haré puntual referencia.-
No entiendo cuál es la razón por la que se privilegia -en este caso- la aplicación de algunas Convenciones (del Niño, Belem do Pará), desplazando no sólo la garantía del Art. 18 C.N, sino -sobre todo- los textos de otros Tratados que consagran enfáticamente la plena vigencia del principio de legalidad o de la aplicación de la ley más benigna, tales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. XVIII); la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11, inc. 2º); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, Art. 9), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 15, inc. 1).- (del voto en disidencia del Dr. Perotti)

ECKELL
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